VIOLAN TODAS LAS LEYES EN CASO DE CUEVAS DEL POMIER Y CUEVA DE LAS MARAVILLAS
CUEVAS Y SALVAGUARDA
DEL PATRIMONIO CULTURAL
Edwin Espinal Hernández
Las cuevas, cavernas y demás cavidades subterráneas naturales del territorio nacional fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No.64-00, del 18 de agosto de 2000, prohibiéndose en esa virtud “toda alteración física de sus características naturales y culturales, así como la extracción de sus formaciones secundarias, materiales paleontológicos, arqueológicos o de cualquier clase, naturales o culturales de su interior, y la introducción de desechos y objetos de cualquier tipo que puedan alterar las condiciones del equilibrio ecológico existente” (Art.160).
Ya antes, las cavernas de Borbón o El Pomier, de Martín Alonzo, de la Sierra de Martín García y de la Sierra de Neiba y las cuevas de la Maguana, de Caño Hondo, de Los Haitises y de la Sierra de Bahoruco, habían sido declaradas Monumentos Nacionales en virtud de la Ley No.492 del 27 de octubre de 1969.
En 1978, mediante decreto No.268 del 3 de octubre de ese año, las cuevas de Las Maravillas y nuevamente las de Borbón o El Pomier fueron declaradas Zonas Arqueológicas, conforme la Ley No.564 de 1973. En tanto parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, su conservación, protección, restauración y uso sostenible, es de interés nacional (Art.4 Ley No.64-00).
Esta categorización las coloca bajo la tutela estatal, toda vez que el Art.101 de la Constitución dispone que el Patrimonio Cultural de la Nación - del que también forma parte toda la riqueza histórica y artística del país - “estará bajo la salvaguarda del Estado”. La conservación y protección del Patrimonio Cultural de la Nación se encomienda en forma expresa a la Secretaría de Estado de Cultura; en efecto, en la Ley No.41-00, del 28 de junio de 2000, se establece que, al poner en ejecución la política cultural estatal, este ministerio tendrá entre otros objetivos fundamentales, la preservación del patrimonio cultural de la nación tangible e intangible, como elemento fundamental de la identidad nacional (Art.5, literal b). Asimismo, por su intermedio, el Estado “fomentará la protección, conservación, la rehabilitación y la divulgación del Patrimonio Cultural de la Nación, con el propósito de que este sirva de testimonio a la identidad cultural nacional” (Art.44) y “tomará todas las disposiciones necesarias para efectuar una evaluación de su situación actual”, particularmente de la regulación legal existente en la materia (Art.47, párrafo III).
En lo que respecta a las cuevas, la Secretaría de Estado de Cultura ejerce sus atribuciones a través del Museo del Hombre Dominicano, institución encargada de todo lo relativo a las investigaciones antropológicas, etnológicas y de arqueología precolombina en el país, protectora de las Zonas Arqueológicas y supervisora de toda clase de prospección arqueológica (Arts.1, 4 y 8 de la Ley No.318 de 1972). En virtud de la modificación que sobre la Ley No.492 de 1969 operó la Ley No.67 de 1974, que creó la Dirección Nacional de Parques, y dependiente esta de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dicha cartera vela por la protección de las cuevas declaradas Monumentos Nacionales y de aquellas localizadas en el Sistema Nacional de Areas Protegidas. Ejercida pues por el Estado la salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación por intermedio de estos dos órganos del Poder Ejecutivo, se entiende, en interpretación del Art.4 de la Constitución, que sus atribuciones en lo que respecta a la preservación de las cuevas en tanto bienes patrimoniales nacionales, son indelegables.
De aquí que, aun cuando el Congreso Nacional apruebe la enajenación que haya hecho el Poder Ejecutivo de inmuebles donde se localicen cuevas o cavernas a favor de personas físicas o morales privadas o cuando ceda en provecho de estas sólo la administración y desarrollo de estas cavidades, el Estado preserva su rol tutelar sobre sus elementos culturales y naturales, el cual es ejercido “sea quien fuere su dueño”, a la luz del Art.101 de la Carta Magna. Un contrato o un decreto mediante el cual se despojare de tal prerrogativa sería nulo de pleno derecho.
